Por Julián Arturo de Diego. Abogado, asesor de empresas, Director de Posgrado en la UCA y Consejero Académico en la Fundación Libertad y Progreso
El Poder Ejecutivo dispuso volver a la
restricción original del sistema según el cual el trabajador que ingresa a
trabajar en una determinada actividad deberá permanecer en la obra social de la
misma por un año, y recién después de ese período podrá ejercer la opción por
cambian la misma por otra de su libre elección, siempre en el marco de una
alternativa horizontal.
Sin duda, se trata de un retroceso en la
evolución del sistema, ya que la libre elección le permitía al trabajador optar
por la que según su conveniencia era la que brindaba las mejores prestaciones.
Es más, cuando se analizaba el mapa prestacional de las obras sociales, eran
sustantivas las diferencias de calidad, de infraestructura, y en muchos casos,
existían entidades que no brindaban servicio alguno en provincias o municipios,
que dejaban totalmente desprotegido al trabajador y a su grupo familiar a
cargo.
En la década de 1990 se inició el proceso que
se denominó de “desregulación de las obras sociales”, cuando en 1993 se dispuso
el derecho a la libre elección de la obra social por parte del trabajador,
entre las que integraban en sistema nacional de salud en forma horizontal, es
decir, entre las entidades del mismo nivel de integración. Este derecho se
encuentra consagrado en las leyes 23.660 y 23.661, y se lo implementó con el
decreto 9/93 y con el decreto 130/97, ambos en la gestión del presidente Carlos
S. Menem. Ya en 1998 se fijaron algunas restricciones, y en rigor, desde el año
2001 se estableció que el derecho a optar por la obra social fuere desde el
comienzo de la relación laboral.
Este inoportuno retroceso, con una
justificación muy vaga vuelve a favorecer a las entidades que no están
brindando los servicios mínimos indispensables para dar la cobertura adecuada
La libre opción tuvo algunas vicisitudes que en
alguna medida comenzaron a depurar el subsistema, donde había obras sociales
inviables, no brindaban ningún servicio y recaudaban fondos cuyo control era
prácticamente imposible.
También se crearon alternativas dentro de la
movilidad que permitían a través de ciertas obras sociales acceder a planes
prepagos de salud, adicionando un plus que lo solían asumir las empresas
líderes como un costo empresario, con el fin de mejorar la calidad de las
prestaciones que recibían los trabajadores y su familia, no solo en la
cobertura de la enfermedad inculpable, sino también en el marco de la
maternidad, que en el escenario representa un factor clave de las mismas.
El decreto 438/2021 establece en definitiva que
“... la opción de cambio podrá ejercerse solo UNA (1) vez al año durante todo
el año calendario y se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente
a la formalización de la solicitud”.
Es de esperar que la Superintendencia asegure
los traspasos en forma automática cuando el trabajador ejerza la opción, y
neutralice las trabas burocráticas, de modo que el sistema tienda a mejorar
Se aclara asimismo que el derecho de opción de
cambio de obra social deberá ejercerse de manera individual y personal por el
beneficiario o la beneficiaria, a través de las modalidades dispuestas y/o las
que en el futuro disponga la Superintendencia de Servicios de Salud,
garantizando los principios de transparencia, integridad, celeridad e
informalidad a favor de los beneficiarios y las beneficiarias. Sobre todo es
esencial fijar las fechas de baja de la obra social que se abandona y de alta
en la que se ingresa, para evitar las zonas grises en donde hay reclamos
recíprocos, especulando con la falta de prolijidad de cada uno de los
interesados en el momento del traspaso.
En efecto, en los hechos, a menudo el
cambio de obra social, se ha convertido en un trámite burocrático plagado de
obstáculos. Al respecto las modalidades y plataformas digitales que se utilicen
deberán garantizar que la información correspondiente a las opciones de cambio
realizadas se encuentre disponible y accesible en forma oportuna.
La norma puntualiza, frente a los obstáculos y
ausencia de información y de acceso a ella que las Obras Sociales deberán
garantizar el acceso a la información detallada, completa y adecuada a los
beneficiarios y a las beneficiarias respecto de la cobertura prestacional
brindada. Deberán garantizar, como mínimo, que los beneficiarios puedan acceder
en todo momento a la cartilla completa, con los planes y programas de
cobertura, a través del Sitio web institucional de la entidad y otros canales
que la entidad brinde”.
Es un paso atrás más que inoportuno que
adiciona a nuestro frágil sistema nacional provincial y municipal de salud
combinada con la crisis sanitaria de la pandemia del covid-19
Es de esperar que la Superintendencia asegure
los traspasos en forma automática cuando el trabajador ejerza la opción, y
neutralice las trabas burocráticas, de modo que el sistema tienda a mejorar. A
su vez, habría que liquidar las obras sociales que aún quedan que son
inviables, sea por la masa crítica sea por la administración ineficiente, y que
se refundan con otras que operan en forma razonable, de modo de preservar los
servicios de salud que brinda, además de otros complementarios de capacitación
o de turismo, que integran los planes de cobertura de los trabajadores
dependientes representados por los sindicatos más representativos.
Además de los perjuicios que de hecho padece el
trabajador resulta claro que la falta de servicios puede redundar en un mayor
costo para la empresa que deberá buscar servicios en donde haya obras sociales
inoperantes o carentes de servicios de salud, que en muchos casos terminan
refugiándose en los servicios públicos.
Este inoportuno retroceso, con una justificación muy vaga vuelve a favorecer a las entidades que no están brindando los servicios mínimos indispensables para dar la cobertura adecuada, y que el mecanismo de la libre opción, permitía que se fomentara la libre competencia entre las entidades, sobre todo en lo que hace a la oferta de los servicios, la cobertura inmediata en las urgencias, y la atención de consultorios, internación, cirugía, tratamiento y rehabilitación. También se ponían en evidencia a los que recaudaban sin rendir cuentas y sin brindar servicios, lo que obligó a resolver la fusión o la liquidación de entidades inviables. En síntesis, un paso atrás más que inoportuno que adiciona a nuestro frágil sistema nacional provincial y municipal de salud combinada con la crisis sanitaria de la pandemia del Covid 19.
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Publicado originalmente en Infobae el 8 de julio 2021.
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