Por José Armando Caro Figueroa, Ex Ministro de Trabajo de República Argentina
Cuando Cambiemos llegó al poder
carecía de un programa de política laboral. Han transcurrido 30 meses de
gestión y Macri no logra llenar este vacío.
En el ámbito laboral, el
gradualismo esconde una orfandad de ideas que intenta ser cubierta
con una retórica contraria a los fundamentos del Derecho del Trabajo
y que está llevando a ciertos jueces a invertir el principio in dubio
pro-operario ("ante la duda, a favor del trabajador").
El actual gobierno acepta sin
rechistar la herencia kirchnerista y las bases del modelo
sindical definido en los años '40, y que el propio peronismo intentó modular en
el Congreso de la Productividad.
Curiosamente, el dogma
gradualista ha convertido al gobierno de Macri en tutor de este modelo
sindical, de los privilegios de los sindicatos con personería
gremial, y del régimen de obras sociales impuesto por la dictadura de
1970.
Recuérdese que, en 1973, el
presidente Perón procuró, sin éxito, reemplazar el esquema de Onganía por el
Sistema Nacional Integrado de Salud.
Con su actitud tutelar, el
gobierno Macri adhiere al pacto tácitoque vincula desde hace décadas a los
sindicatos oficiales con la gran patronal, contestes en defender el modelo
sindical apelando al antidemocrático argumento de que así detienen el
avance de la izquierda leninista o trotskista, y de la “resistencia peronista”.
La coalición gobernante abandona
entonces el ideario republicano y renuncia a defender la libertad
sindical reconocida en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales
y en la doctrina de la OIT.
Los trabajadores del subte llevan
años mostrando de modo contundente que, en ejercicio de su libertad, han
decidido constituir su propio sindicato. Pero el férreo guion del modelo
sindical les condena a ser representados por la UTA.
Es bueno recordar que los
presidentes Kirchner se resistieron también a reconocer al sindicato de
los metrodelegados, condenando a los ciudadanos a periódicos e intensos
padecimientos provocados por huelgas sin preaviso y sin servicios
mínimos.
Esta espiral de luchas
obreras y de chicanas gubernativaspareció terminar en diciembre de
2015, cuando Cristina Kirxhner imaginando complicar a sus sucesores,
otorgó personería gremial a la “Asociación Gremial de Trabajadores
del Subterráneo y del Pre-metro”.
Pero en marzo de 2017, la Cámara
del Trabajo (CNAT) revocó la resolución y devolvió el expediente al
ministerio para que subsane irregularidades y se expida nuevamente
sobre el fondo del litigio. Luego, la Corte desestimó el recurso de los
metrodelegados, por entender que el fallo de la CNAT no era una “sentencia
definitiva”.
Por consiguiente, contrariamente
a lo que sostiene el Gobierno, los jueces no se han pronunciado sobre la
cuestión de fondo ni han desestimado el derecho de libertad sindical de
los trabajadores del subte.
Como consecuencia de estas
marchas y contramarchas, el gobierno de Macri, la UTA, Metrovias y
los metrodelegados continúan enzarzados en un combate ciertamente
feroz, y cuyas principales víctimas son los usuarios del transporte
subterráneo de pasajeros.
Las sucesivas huelgas que vienen
paralizando los servicios de Metrovías contienen comportamientos ilegales.
Pienso que alguien tendría que
explicarle a los metrodelegados que sus derechos a organizarse sindicalmente en
libertad y a parar en defensa de sus intereses, han de ejercerse en el marco
de la Constitución que, al reconocer la libertad sindical y el derecho de
huelga, reconoce otros derechos de igual o superior jerarquía.
Explicarle que, por ejemplo, el
ejercicio del derecho de huelga impone modulaciones que están en la
raíz de toda democracia constitucional.
Se trata, nada más y nada menos,
que de reconstruir -también en el terreno de las relaciones colectivas de
trabajo- el consenso constitucional roto por años de dictaduras y
de experimentos antirrepublicanos.
En su orfandad programática,
el gobierno Macri mantiene el pacto Kirchner-Moyano, que excluyó al
transporte de la lista de servicios esenciales.
Esperemos que ni el Gobierno ni
los argentinos tengamos que lamentarnos de esta negligencia el día en
que el sindicato de camioneros decida seguir los pasos dados en
Brasil por sus homólogos.
Pero no estamos sólo frente a
una parálisis reformista. Cuando el Gobierno omite convocar a la Comisión
de Garantías ante las huelgas del transporte, muestra su impericia: ignora
que la actuación de esta Comisión permitiría, por ejemplo, calificar al
transporte de pasajeros como esencial o colaborar en la fijación de los servicios
mínimos para compatibilizar el ejercicio del derecho de huelga con los
demás derechos reconocidos en la Constitución.
A mi modo de ver, el Gobierno
debería completar el expediente demorado por el kirchnerismo y otorgar la
personería gremial,haciendo efectiva la supremacía de la Constitución Nacional
y del principio de libertad sindical.
Esta reconducción de
la posición del Estado restará tensiones al conflicto y reforzará
la legitimidad de las medidas que haya de adoptar el Gobierno para
garantizar tanto el derecho a huelga como la libertad de trabajar, de circular
y de trasladarse que tienen los no huelguistas.
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