JULIO 2017

Hola a todos, ¡muchas gracias por sus visitas y comentarios .

Este mes es nos acompaña por primera vez, Marcy Fetzer, PHD, Leadership Consultant de Brigham Young University, Provo, Utah, USA quien desarrolla el tema de estrategias para integrar la colaboración y competencia.

Participa también un excelente colega Miguel Premoli, VP Talent Management Pepsico Europe & SS Africa, desarrolla el el tema de los liderazgos individuales y de los equipos.

Por mi parte he hecho algunas reflexiones sobre un tema controversial como lo es la existencia o inexistencia de un derecho al trabajo, a propósito las situaciones que se generan frente al cierre de una empresa en Argentina. También he incluido el habitual Flash Laboral.

Me pareció muy interesante compartir un video sobre como funciona Watson creación de IBM de inteligencia artificial.

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Guillermo

miércoles, 28 de enero de 2015

GREMIOS Y SALARIOS: COMPATIBILIZAR PRODUCTIVIDAD Y DISTRIBUCIÓN


Por José Armando Caro Figueroa, ex Ministro de Trabajo de la República Argentina

Un repaso a los últimos 70 años me permite señalar que, salvo imponderables, veremos pocas novedades laborales en el próximo ciclo político.

Los sindicatos oficiales (dotados de personería gremial) y los candidatos presidenciales mejor situados comparten, en lo esencial, el modelo de sindicato único y las alternativas para solventar los conflictos derivados de las políticas económicas que -ambiguamente- se enuncian.

La cúpula sindical es consciente de la precariedad de sus estrategias, fruto de la falta de democracia interna y de la ausencia de reflexiones sobre el papel de los sindicatos y sobre la renovada conformación del capitalismo. En materia distributiva, si la cúpula sindical se animara con Piketty advertiría la superficialidad del apotegma del fifty-fifty. Para cubrirse de tal debilidad, sus líderes vienen situándose cerca de los tres candidatos con posibilidades de ganar las elecciones.

Los gobiernos argentinos saben que cuentan con dos herramientas para disciplinar al aparato sindical tradicional: las leyes reguladoras de las relaciones colectivas de trabajo y las que organizan las obras sociales bajo la titularidad sindical. Y barruntan que cualquier intento de reformarlas activa peligrosamente la protesta obrera.

Nuestros sindicatos oficiales (sean oficialistas u opositores) aceptan el sistema económico que se ajusta vía “devaluaciones competitivas” y toleran diversos grados de inflación. La contrapartida reside, precisamente, en la inmovilidad de aquellas leyes constitutivas del poder y privilegios que concentran los vértices sindicales.

Los sindicatos oficiales están empachados de legalismo: apuestan muchas fichas a las presuntas soluciones legislativas y judiciales, y pocas a la autonomía colectiva. Esta opción pudiera explicar su desinterés por renovar los vetustos convenios colectivos vigentes desde 1975, así como sus esfuerzos por acomodar la Ley de Contrato de Trabajo a su visión de las relaciones individuales.

Del lado de las patronales la situación es también resabida. El empresariado local descree de la libertad sindical, desconfía de cualquier forma organizativa de los trabajadores y prefiere conservar el régimen conocido donde todo es negociable.

El problema de los trabajadores ocupados, afiliados o no, es que para tratar de mantener su poder de compra dependen de los sindicatos oficiales. Aun cuando, en determinadas coyunturas, la irrupción de la izquierda clasista -operando en los márgenes que les deja la legalidad- pueda generar alternativas ilusionantes.

La situación de los desocupados y de los excluidos resulta ajena a la acción de los sindicatos oficiales, incluso los de izquierda. Existe un cierto consenso en el sentido de que esto depende de los gobiernos. En este aspecto, quienes critican las conexiones entre asistencia y clientelismo cambian de opinión ni bien asumen o se aproximan a posiciones de gobierno.

Admito que se califique de pesimista mi visión. Pienso también que es bastante lo que podrían hacer el nuevo gobierno y los actores sociales; incluso sin quebrar aquel consenso básico construido en los años de 1940. Por ejemplo, alentar el diálogo tripartito buscando consensuar una política económica que compatibilice productividad y distribución. 

Las nuevas autoridades deberían, además, revisar las ayudas sociales transformándolas en derechos subjetivos y construir servicios sociales para atender los nuevos requerimientos. Si, como todo parece indicar, la idea central es mantener una moneda devaluable, se impone reformar el sistema de relaciones laborales para eliminar las vías utilizadas en fraude de ley, las tercerizaciones entre ellas.


Adoptar sin retaceos las recomendaciones de la OIT y los fallos de la CSJN sobre libertad sindical y, de tal suerte, reconocer tanto el papel representativo de la izquierda clasista, como la autonomía de las comisiones internas y de los sindicatos del interior del país, será una responsabilidad inexcusable del nuevo gobierno.

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