Una ley no escrita sugiere que las explosiones de radicalismo obrero suceden cuando convergen al menos dos de estos factores: a) Divorcio entre representantes y representados; b) Prácticas empresariales abusivas; y c) Crisis económica grave e irresuelta.
Cuando el conflicto industrial desborda sus cauces, los responsables de Recursos Humanos (y no sólo ellos) se enfrentan a situaciones que no pueden resolver apelando a las herramientas propias de su profesión.
La grave crisis durante el segundo peronismo
En 1973 la Argentina había iniciado una experiencia de transición democrática. Sus actores intentaron restaurar el modelo de relaciones laborales creado en 1945. Pero, el terrorismo urbano e industrial y las pujas económicas y políticas, esterilizaron los esfuerzos de la “familia peronista” por mantener la paz social.
Ni el monopolio sindical, ni el Pacto Social tripartito pudieron con aquel enorme desafío. Las empresas fueron incapaces de estabilizar las relaciones laborales, por mucho que redoblaran su alianza con el sindicalismo oficial. Algunas emigraron, otras cerraron sus puertas.
La dictadura surgida del golpe militar de 1976, si bien mantuvo (con restricciones) el modelo sindical representativo, se encargó de eliminar toda resistencia en las fábricas apelando a métodos tan brutales como ilegítimos.
La transición sindical en España
A comienzos de los años de 1970 el “sindicato vertical” franquista era una burocracia alejada de los trabajadores, y Adolfo Suárez lo liquidó. Fue sucedido por organizaciones de izquierda (comunistas, socialistas, trotskistas, anarquistas). La vieja patronal “vertical” se reformó, reconoció la inevitabilidad del conflicto, y se puso a descubrir e intentar comprender a sus nuevos interlocutores.
Cuando los trabajadores pudieron elegir libremente a sus representantes dentro de las fábricas y afiliarse o no al sindicato de su elección, muy pronto los radicalismos retrocedieron a la condición de infra-minorías. Los nuevos sindicatos, leales a la Constitución, ganaron su lugar respetando la democracia interna, la transparencia. La responsabilidad, la solidaridad y la eficacia guiaron la actuación de las dos grandes centrales.
Constatada la evidencia del cambio sociológico, las empresas y sus directivos de Recursos Humanos se dieron a la tarea de conocer en profundidad a sus nuevos interlocutores y de crear las condiciones para el diálogo, superando las evidentes, inevitables y recíprocas antipatías ideológicas que los separaban.
Los temores a la libertad sindical, al pluralismo y a la implantación de fuerzas de izquierda en las fábricas fueron desapareciendo paulatinamente; sobre todo a partir de que los trabajadores dieron masivamente la espalda a las expresiones más radicales que utilizaban la acción sindical para obtener resultados políticos por fuera de las reglas democráticas.
El éxito coronó la actuación concertada del sistema democrático, de las empresas y de los sindicatos de izquierda que asumieron las bases de un amplio consenso político alrededor de los objetivos de Democracia, Mercado, Europa y Bienestar.
El auge de la “familia leninista” en la Argentina contemporánea
La inflación, el desempleo y la pobreza nos encaminan hacia una crisis severa. La negociación colectiva tradicional (unitaria, centrada en los salarios nominales, erosionada por los impuestos al salario, y amenazada por la devaluación de la moneda) no alcanza a resolver todos los problemas de la clase trabajadora.
El antiguo pacto no escrito entre la “familia peronista” y la patronal, con eje en la defensa del monopolio representativo y en la gestión opaca de las obras sociales, no produce los resultados de antaño.
Las estrategias competitivas centradas en los bajos salarios, las prácticas autoritarias, la segmentación de los planteles obreros, facilitan el crecimiento de la “familia leninista”.
En este escenario, muchos conflictos gestionados por la izquierda radical no buscan sólo resolver cuestiones atinentes a las condiciones de trabajo: Pretenden quebrar el marco legal que les priva de reconocimientos, y rechazan el consenso oficial que manda negociar sólo salarios nominales.
La patronal argentina debería abandonar resistencias ideológicas y cesar en su desconfianza hacia la democracia en los lugares de trabajo.
Informar a los trabajadores, remplazar rutinas autoritarias por formas participativas, negociar de buena fe (permitiendo la renovación y descentralización de los convenios colectivos vigentes desde hace 40 años), bien pudieran ser caminos para recomponer el mapa representativo dando cabida a estructuras compatibles con el consenso constitucional y la paz social.
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