Septiembre 2018

¡Gracias a todos por las visitas del mes! En particular muy contento de que este espacio esté ubicado en el mes de julio, en el octavo lugar del ranking del Observatorio de la Blogosfera de Recursos Humanos, entre 296 blogs tematicos en español.
En esta oportunidad nos acompaña mi amigo Enrique Parborell, Socio Co Fundador y Director de Estrategia de Transformación Digital de Estratega, quien aborda el tema de las razones aprendidas de los fracasos organizacionales al encarar los proyectos de transformación digital.

Nos acompaña también otro excelente profesional, Bernardo Hidalgo, Fundador de Hidalgo y Asociados, docente universitario y experto en el área de remuneraciones, que analiza como seducir los millennial mas allá del salario.

Por mi parte reflexiono sobre conceptos novedosos a la hora de incorporar talentos del mercado, son los conceptos de Strategic Hunting e Inplacement, además del habitual Flash Laboral.

El video de este mes es de Brian Robertson sobre el concepto de holocracia.

Como siempre los invito a compartir sus ideas y comentarios.

Guillermo

jueves, 31 de agosto de 2017

SEGURIDAD: FORMACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL



Por Alejandro Salomón, Director Ejecutivo de la Escuela Nacional de Inteligencia en Agencia Federal de Inteligencia (AFI)  de la República Argentina.

El ya muy prolongado problema de inseguridad que padece la totalidad de la región ha llevado a practicar un sinnúmero de reformas que abarcan  un amplio barrido del espectro ideológico, pasando desde medidas que se identifican con la derecha, como la mano dura o tolerancia cero (generalmente mal entendido este último término); hasta aquellas que se identifican con los sectores más de la  izquierda, como el abolicionismo penal, o el garantismo, también mal entendido y peor aplicado por algunos jueces.

El Sistema Penal está conformado por tres subsistemas: policial, judicial, y penitenciario. En toda reforma que se intenta siempre se focaliza  el policial, y esto tiene una explicación. El Subsistema Judicial es una estructura con su propia autonomía, y una burocrática muy rígida. Cualquier reforma que se intente requiere necesariamente su consentimiento, y como dice Dick Morris, “nadie cambia un sistema que lo emplea, le paga el sueldo y no lo hecha”.

Con respecto al Subsistema Penitenciario, cualquier reforma en éste es muy onerosa para las arcas públicas. En términos estrictamente electorales no hay peor plata que la gastada en el subsistema penitenciario, aunque esto se convierte en un grave error en el largo plazo; esté subsistema no es visible para la mayor parte de la ciudadanía, pues se desconoce (y para la mayoría poco importa) por completo lo que pasa adentro; y por último,  tampoco  impactará en lo inmediato en la seguridad, pues una mejora en los niveles de resocialización de las personas privada de libertad solo tendrá impacto al finalizar la pena, generalmente después de largos periodos de encierro.

Así, nos queda el subsistema policial que es el objeto preferido de todos los intentos reformistas ya que  estos tienen alta visibilidad, pues la policía es una de las instituciones, junto con la escuela, con mayor contacto con el ciudadano. Por otro lado, toda reforma en ella promete resultados en el corto plazo, y por las características de verticalidad y disciplina (y la prohibición de sindicalización) es la que menos resistencia opone a los cambios, aunque no los comparta. Es así, el subsistema ideal para practicar reformas son las policías.

Lo expresado en el párrafo anterior no puede, ni debe ser interpretado como que no son necesarias las reformas en el subsistema policial. Son necesarias, hay que hacerlas, pero las razones fundamentales para llevarlas adelante forman parte de otro capítulo. Por ahora solo me limitaré a tratar de abordar en su total complejidad  la naturaleza de las reformas que se requieren.

Existen dentro de las Fuerzas Policiales tres importantes esferas: “la institucional” (valores); “la organizacional” (estructura); y “la profesional”(intereses). La primera de ellas, la institucional tiene que ver con los valores a los que sirve la policía, aquellos que tiene que ver con el mandato policial explícito, es decir, los valores que la sociedad asigna a su institución policial. En este sentido, es poco común  obtener una definición clara y pública de las finalidades de la policía. Decir “dar seguridad” es demasiado ambiguo y no nos sirve por carecer la expresión de la  instrumentalidad necesaria para avanzar en la organización y la profesionalización de la fuerza. Por ejemplo, la escuela trasmite saberes, pero esto puede estar dirigido (en una variación de grados) a promover la igualdad o a conformar una elite. El sistema de salud se orienta (también en una variación de grados) hacia la prevención o a la cura. Las fuerzas policiales aplican la fuerza pública. ¿Hacia dónde prevalece la aplicación de la fuerza: ¿la prevención o la represión del delito? Esta conceptualización es  importante. Generalmente cuando se consulta,  quienes diseñan las políticas públicas en esta área dicen que su orientación está dirigida a la prevención del delito (es lo políticamente correcto). No obstante siempre es conveniente testear las finalidades públicamente  declaradas midiéndolas con la vara de las prácticas efectivamente prescriptas (no contemplamos acá las ilegales). Así analizadas, se percibe con facilidad la conformación de una  estructura más abocada a la represión que a la declamada prevención.

La institucionalización es quizás  la esfera menos trabajada, y debería ser el punto de partida de toda política pública de seguridad que pretenda una reforma en las fuerzas policiales. Tener con claridad cuáles son los valores que se le asignan socialmente a la policía es lo que permitirá avanzar sobre el diseño de “la organización” de trabajo, que consta de dos caras: la formal (estructura, organigrama, recursos humanos y materiales; e informal como conjunto de comportamientos y normas observables según las cuales la organización funciona realmente.

Existe aquí un vínculo directo entre institucionalidad y la organización,  pues de la primera se desprenden los valores que, al menos en teoría, deberían definir y verses reflejado en la  organización necesaria para alcanzar determinados  objetivos: la baja de la criminalidad. Esto valores, según cada sociedad, cultura y sistema político y administrativo,   pueden corresponderse  con estructuras militarizadas, al estilo de la Gendarmería Francesa, la Guardia Nacional Española, Carabineros de Italia, etc.; o por el contrario, con una estructura civil al estilo de las policías anglosajonas  de Inglaterra, de Gales o los EEUU. Lo peor que nos puede pasar (y que es lo que nos pasa), es tener una determinada institucionalidad (valores) y que se pretendan desarrollar estructuras que no concuerdan, ni se corresponden con ellos. En este sentido se ha convertido en un paisaje común ver estructuras militarizadas tratando de implementar programas de prevención comunitaria.

Una vez definida la institucionalidad (valores) y la organización (trabajo) es donde se puede empezar a pensar y trabajar la tercera esfera, “la profesionalización”, lo que significa al menos definir el perfil de aspirante, el método de selección,  la formación inicial y la formación específica necesaria para el desarrollo del plan de carrera.  Muchos de los intentos reformistas suelen empezar precisamente por este último aspecto: la formación inicial y específica. No hay duda de que una mejora en la formación y capacitación es un elemento elemental para alcanzar mejores niveles de seguridad ciudadana. Pero lo que no podemos perder de vista es para que organización (estructura) y para que institucionalidad (valores) queremos profesionalizar (selección, formación, carrera, etc.).

En los últimos 18 años ha habido importantes modificaciones en la  formación policial, muchas de ellas representan grandes esfuerzos y muy loables intenciones. La mayor parte de las organizaciones policiales argentinas pasaron de ofrecer  “cursos de oficiales” a brindar como requisito obligatorio para el ingreso tecnicaturas  superiores o universitarias, la mayorías de ellas articuladas con carreras universitarias. Estos esfuerzos en la formación inicial, dotando al aspirante de un pensamiento crítico y los fundamentos científicos que lo obliga a cuestionarse la forma en que ciertas taras son realizadas, una vez en actividad choca rápidamente con estructuras militarizadas donde una cadena de mando fuertemente disciplinada no le da espacio a opinar, y menos aún, proponer modificaciones, actitud que son considerada rápidamente como graves faltas a la disciplina por sus superiores. Se profesionalizan  agentes policiales pensando en una institucionalidad que no es tal,  para ser insertados en una organizaciones que nada tiene que con lo real. Así, el conflicto interno en la organización es inmediato.

El problema en la profesionalización  se complica aún más cuando no se tienen en cuenta la clara diferenciación de las funciones policiales: “Seguridad” (prevención), “Investigación” y “Orden Público”. Esta clasificación  debería ser tenida en cuenta desde el proceso inicialen la  selección del personal que será destinado a cada una de estas funciones, pues los perfiles y formación  que se requieren son completamente diferentes para cada caso. Piénsese que, al menos  en un modelo de policiamiento civil,  el efectivo que se lo prepara para la prevención debe generar empatía, ser altamente sociable,  y adaptarse a estructuras más horizontales y colaborativas. 

Se le pide un contacto muy cercano con la ciudadanía, debiendo así reconocérsele elevados niveles de discrecionalidad. Este perfil  es  exactamente todo lo contrario del efectivo destinado a los cuerpos de orden público, quienes, por su necesaria características militarizadas,  deben contar con una rígida disciplina y adaptarse a estructuras fuertemente verticalizadas,  distante de la ciudadanía y con nulo espacio de discrecionalidad. Por otro lado, el efectivo de investigaciones requiere ser una persona con pensamiento crítico, analítico,  deductivo, adaptado a estructuras complejas y con una amplia variedad de demandas provenientes de distintos niveles y ámbitos.

La importancia de la formación, tanto inicial como específica, de los miembros de las organizaciones policiales es un aspecto fundamental para la mejora de la seguridad ciudadana, pero este no es el punto de partida. Y menos aún puede pensarse que los graves problemas de inseguridad pueden tener solución sin abordar hacia adentro del subsistema policial las muy distintas especificidades que vienen dadas de las diferentes funciones, ni tampoco se podrá tener éxito si no son abordados también los otros dos subsistemas: justicia y penitenciario.  Estos tres subsistemas no pueden ser abordados por separado y sin una visión integral. 

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