Por Guillermo Ceballos Serra
Desde que inicié este blog nunca comenté ley alguna de mi país (Argentina) ni de ningún otro. Hasta ahora…que seguramente quedaré en minoría como los que se opusieron al proyecto.
Desde que inicié este blog nunca comenté ley alguna de mi país (Argentina) ni de ningún otro. Hasta ahora…que seguramente quedaré en minoría como los que se opusieron al proyecto.
El pasado miércoles 28 de octubre
el Senado de la Nación Argentina, sancionó la Ley de Enseñanza Superior que
establece que: "Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden
ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de
educación superior", según dice el artículo 7.
También establece el incorporado
artículo 2 bis la "prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen,
tasa, impuesto, arancel o tarifa" sobre las carreras de grado en las
universidades públicas.
Si bien no ejerzo la docencia en universidades públicas, lo hago en tres universidades privadas desde hace muchos años, por lo cual creo que tener algún conocimiento para opinar, pero aunque no lo fuera, también podría hacerlo como cualquier otro ciudadano preocupado por la calidad educativa.
En primer lugar quiero aclarar que me parece correcto que la enseñanza
pública sea gratuita para todos los argentinos, como modo de contribuir a facilitar la movilidad social ascendente.
No comparto que deba ser así para ciudadanos de otros países. Si bien todos los
extranjeros son bienvenidos en nuestro país (como pueden atestiguarlo todos los
que nos visitan) no creo que corresponda a los ciudadanos argentinos hacer
frente a los costes de educar a estudiantes de otras latitudes, sencillamente
porque los recursos son escasos y debemos dar prioridad a nuestros compatriotas
que bastante lo necesitan , más aún considerando que la Argentina dista de ser
una potencia mundial en posición de adoptar una posición de benefactor o
mecenas internacional, cuando tenemos una cuantiosa deuda interna en materia social y educativa.
En relación al acceso irrestricto, no podría estar en mayor desacuerdo
con esta medida que considero demagógica y quizás con algún sesgo político
propio del momento electoral.
No conozco cuantas ni que
universidades (si las hubiera), establecen la admisión irrestricta de alumnos, pero aunque
fueran mayoría y hasta de reconocido prestigio,
no podría estar de acuerdo con tal propuesta para la Argentina, cuando
es sabido que nuestra educación media, lamentablemente, ha sufrido en general
un deterioro tal, que ha dejado de participar deliberadamente en las pruebas
PISA, Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA
(por sus siglas en inglés: Programme for International Students Assessment)
que se basa en el análisis del
rendimiento de estudiantes a partir de exámenes trianuales en varios países con
el fin de determinar la valoración internacional de los alumnos, para no
evidenciar el deterioro progresivo de nuestro sistema educativo.
Sistema educativo que inclusive, ha llevado a prohibir que los
alumnos repitan los cursos en el primer año de estudios primarios, que ha
autorizado llevar cada vez mayor cantidad de materias previas y mayores
oportunidades para rendir los exámenes pendientes. Si hablar de que jamás se ha
cumplido, con la obligación legal de que
los alumnos cuenten con 180 días de clase efectiva. Sólo 2 provincias, San Luis
y Santiago del Estero lo cumplieron en 2014 teniendo en cuenta solamente que no
sufrieron huelgas docentes.
El ex Ministro de Educación de la
Ciudad de Buenos Aires, Mariano Narodowsky,
explicaba en una nota periodística,
que se trata de una ley muy particular, puesto que, define que el “día
de clase cumplido” ocurre “cuando se haya completado por lo menos la mitad de
la cantidad de horas de reloj establecidas por las respectivas jurisdicciones
para la jornada escolar”. Traduciendo: medio día escolar es igual a un día escolar.
Aunque usted no lo crea. Segundo, la ley no determina la unidad de medición de
cada día de clase: ¿Cada alumno? ¿Cada curso? ¿Cada escuela? ¿Cada provincia?
Nada dice”.
En síntesis, esta ley es
reconocimiento de las falencias del sistema educativo medio, ya que se pretende
esconder por esta vía, lo que desafortunadamente un grupo
significativo de alumnos es incapaz de obtener por mérito propio o al menos sin hacer mayúsculos esfuerzos adicionales a los realizados en la enseñanza media.
En la región, Brasil y México
establecieron hace tiempo un mínimo de 200 días. Otros países, como Francia y
España, tienen “solo” 175 días de clase, pero cuentan con un sistema de doble
jornada. En Argentina, la jornada extendida sigue siendo una cuenta pendiente.
La diputada Adriana Puiggrós,
impulsora del proyecto sostuvo, que “lo que se buscó fue impedir que haya
ingresos restrictivos a las universidades. Hay que evitar la elitización de las
mismas”.
Entiendo, como ya he dicho, que la gratuidad de la educación garantiza que no haya grupos, predeterminados fatalmente a contar o carecer de oportunidades
de acceso a la universidad en virtud del mero factor económico; ahora bien, el progreso en las sociedades
democráticas se da por meritocracia, por las habilidades naturales o
adquiridas, conjuntamente con el esfuerzo puesto en la concreción de logros personales, académicos y profesionales, como por ejemplo, el ingreso a la universidad.
Esa es, ni más ni menos, una
elitización positiva, digna de ser seguida y admirada porque se construye en el
mérito, el esfuerzo, el compromiso y constituyen parte del núcleo (integrado por universitarios y no universitarios) capaz de contribuir al
desarrollo social y económico de nuestro país.
Si todos los alumnos secundarios
estuvieran en condiciones de acceder irrestrictamente a una universidad, ¿porque no concluir también, que todos los que egresan de una universidad pública o privada, están aptos para
ingresar al mercado laboral?
¿Usted contrataría personal para su empresa por el sólo hecho de presentar una solicitud de ingreso?